martes, 8 de mayo de 2012

El Consultivo avisa de que el canon del agua va contra el ordenamiento jurídico

El órgano asesor detecta deficiencias en 18 preceptos del reglamento que fija la aplicación de este nuevo impuesto . Cuestiona la cifra de 151 litros como base imponible del canon





Agustín Hernández.
Agustín Hernández. 
X. A. TABOADA | SANTIAGO La tramitación legal del canon del agua está resultando más complicada de lo esperado. A los retrasos en la fecha de su entrada en vigor, debido a la complejidad para implantar un nuevo modelo de gravamen por el consumo de agua y la producción de vertidos, se acaba de sumar el dictamen del Consello Consultivo de Galicia -del que forman parte los expresidentes de la Xunta- que considera "contrario al ordenamiento jurídico" el reglamento que la Consellería de Medio Ambiente ha elaborado para comenzar a cobrar esta nueva tasa, que sustituye al canon de saneamiento y cuya principal novedad es su carácter progresivo, puesto que penaliza a los que más consumen.

Aunque el informe es preceptivo, pero no vinculante, el Consello Consultivo encuentra hasta 18 preceptos que contravienen la legislación, por lo que emitió un dictamen "desfavorable". La Xunta tiene que escucharlo, si bien no tiene por qué incorporar todas las deficiencias que detecta el Consello Consultivo, puesto que puede argumentar que se trata de interpretaciones. Entre los preceptos que "contrarios al ordenamiento jurídico" se cita la obligación que tienen las entidades de iniciativa social, como centros de menores o residencias de mayores, de acreditar su naturaleza con un certificado de la Consellería de Traballo e Benestar, algo que resulta irregular, a juicio del Consultivo, porque se obliga a los interesados de aportar una documentación que ya obra en poder de la Administración autonómica.



Aunque en ningún momento se cuestiona la progresividad de la tasas, sí se pone en duda el límite de 151 litros de agua por habitante y día como base imponible del canon para los consumos domésticos. El órgano presidido por Teresa Conde-Pumpido entiende que si bien se puede fijar una dotación básica del consumo de agua, los 151 litros tienen que estar avalados por una plan hidrológico aprobado y en vigor, y no simplemente por una propuesta cuya tramitación no ha concluido.

El Consello Consultivo también encuentra deficiencias en el artículo que regula la exención del canon del agua para los usos agrícolas, forestales y ganaderos siempre que no exista una carga contaminante de carácter especial comprobada previamente por la Administración competente. El órgano asesor entiende que este apartado requiere una reformulación completa debido a los errores en la redacción y en la manera que se establecen las vías para comprobar que los agricultores o ganaderos no incumplen al nivel máximo de vertido contaminantes.

Otro motivo de controversia es la aplicación del canon de vertido a las piscifactorías, puesto que para las liquidaciones pendientes en los años 2006 y 2008 se aplica una fórmula de cálculo menos restrictiva que la que marca la Lei de Augas de 2010, por lo que se le pide a la Xunta que adecue el reglamento a la ley y no cree dos modelos de tributación distintos durante el periodo transitorio hasta la implantación definitiva del canon del agua.

El nuevo gravamen tendría que comenzar a aplicarse en enero de este año, pero, cinco meses después sigue sin implantarse. La razón que argumenta la Xunta para justificar este retraso es la compleja elaboración del reglamento que regulará el canon del agua y el coeficiente de vertido y el sistema de facturación que deberán acometer las empresas de suministro y saneamiento. Se prevé que la tasa se comience a aplicar en el segundo semestre del año.

El nuevo canon supondrá para el 70% de las familias gallegas pagar más por el recibo del agua mientras que el 30% restante -básicamente, hogares unipersonales que no lleguen a los seis metros cúbicos al mes- estará en el tramo de consumo mínimo y, por tanto, pagará menos que ahora. Pero la futura tasa del agua también contempla exenciones, como la destinada todas las familias en riesgo o situación de exclusión social, unas 7.800. Otro colectivo que se librará del nuevo impuesto serán los usuarios con pozos propios o traídas vecinales.
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